“Venezuela asumiría el control del proceso que estamos viviendo si AN reforma la Ley de Hidrocarburos”

Andrés Rojas Jiménez

Tras las invasión o intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero ordenada por el presidente Donald Trump, la actividad petrolera ha pasado a estar en el centro del mandatario norteamericano al punto que actúa como un promotor de inversiones en el sector de los hidrocarburos venezolano.
La Casa Blanca, el pasado 9 de enero, sirvió de sede para una reunión con presidentes de las compañías energéticas norteamericanas y el fue el de Exxon Mobil, Darren Woods, quien de entrada manifestó sus dudas.
“Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, es inviable. Hoy por hoy, Venezuela no es invertible”, dijo Woods, palabras que posteriormente molestaron a Trump porque se convirtieron en titulares en medios de comunicación y en cierta manera le empañó su cruzada.
La abogada Dolores Dobarro, especialista en derechos de los hidrocarburos, le correspondió formar parte del equipo legal que durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, entre 1994 y 1999, promovió una de los proyectos que más capitales ha atraído para Venezuela el sector de los hidrocarburos: se llamó la apertura petrolera.
Ya en la era de la revolución bolivariana, Dobarro ha participado en diferentes comisiones y grupos que intentan promover una reforma legal que recupere ese atractivo que en otrora tuvo la principal actividad productiva de Venezuela. 

-¿Venezuela no es viable, no es invertible como afirma el presidente de Chevron? ¿Cómo entender que una empresa norteamericana decida volver al país con el mismo marco legal por el cual se fue en el año 2007 solo por el hecho que el presidente Trump le diga: “borrón y cuenta nueva”?

-Es un asunto bastante complejo. El presidente de ExxonMobil, de hecho, mencionó que han estado dos veces en Venezuela, y que la han sacado esas dos veces, cosa que no es del todo cierta.

-Me imagino que la primera se refería al proceso nacionalización de la industria petrolera de 1976, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez; y la segundo, en 2007 con las expropiaciones de Hugo Chávez

-Fueron dos procesos legales bastante distintos, pero con respecto a lo que dijo el presidente de Exxon (que Venezuela no es un país invertible) creo que tiene cierta razón. Todos los que conocen el mundo petrolero saben que para lograr unos proyectos rentables se necesita primero un capital excesivo de trabajo; y segundo se requiere estabilidad que otorga el marco legal. Ahí pienso que hay un gran número de personas conocedoras de la materia petrolera que están de acuerdo en que la legislación debe adecuarse a tiempos modernos y debe garantizar una seguridad jurídica a esa ingente cantidad de recursos que necesitamos para reactivar la industria.

-En la reunión con el presidente Trump también estaba el representante de Chevron, compañía que sí está en Venezuela porque aceptó el marco legal de las empresas mixtas con mayoría accionaria de PDVSA

-Chevron ya está aquí y aceptó las condiciones, pero no ha hecho inversiones masivas en el sector. Por el contrario, Chevron se ha dedicado a cobrar su deuda y a recuperar paulatinamente la producción. Ahora por sus declaraciones, pareciera que ahora sí está dispuesta a invertir. De hecho, su representante dijo que estaba en capacidad de duplicar su producción y eso requiere inversiones; mientras que Conoco Phillips estaba como en el medio de ambas posturas, porque aceptó, reconoció, pero mencionó que había que reestructurar incluso a la empresa estatal PDVSA y dar un poco más de seguridad jurídica cambiando los esquemas legales.

-El presidente Conoco hizo referencia a los 12.000 millones de dólares que está pendiente por cobrar por las expropiaciones de 2007

-Se le pagó una parte y todavía se le debe la otra parte. A Exxon se le pagó completo. Por cierto, ambas tuvieron la posibilidad de irse por la vía del arbitraje con los contratos que firmaron. Ambas demandaron y se les acordó un pago de indemnización por esas expropiaciones, pero en definitiva son las empresas que de verdad pueden garantizar unos proyectos que redunden en un desarrollo. Por el momento, las empresas que dieron un sí inmediato fueron los traders, que no tienen que invertir un centavo. Ellos compran y venden. Nada más. En cambio, las medianas y las pequeñas manifestaron su interés de asumir o de estudiar por lo menos el riesgo que comporta invertir. Pero la solución para mí es ordenar el marco jurídico porque es la única manera para empezar a dar confianza.

-Le correspondió vivir el proceso de la apertura petrolera. ¿Por qué atrajo tanto a los inversionistas tomando en cuenta las dudas que había de ese proceso por la restricción que imponía el artículo 5º de la Ley de nacionalización de 1975?

-Es un poco lo que pudieran estar pidiendo en este momento o las condiciones contractuales que se dieron con la licencia que el Departamento del Tesoro le otorgó a Chevron. No se trata de un porcentaje accionario, pero sí del control de la operación y la libertad de disponer del crudo que se produce y les corresponde. Eso es lo que obtuvo Chevron después de las licencias dentro de un esquema de sanciones.
En el caso de la apertura petrolera, es verdad que el artículo 5º de la Ley de Nacionalización limitaba, pero las empresas tenían el control de la operación de los proyectos y la disponibilidad del crudo correspondiente a su participación accionaria.

-La nueva Asamblea Nacional inició sesiones el pasado 5 de enero, ¿una de sus prioridades debería ser una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos?

-Es urgente y me preocupa no haberlo visto en un paquete de 12 proyectos legales que está circulando. No sé si es oficial, pero no aparece la parte de hidrocarburos. Venezuela asumiría el control del proceso que estamos viviendo si opta por esa reforma y no lo que tenemos ahora, que no sabemos cómo se van a administrar o qué va a pasar con los recursos, quién va a decidir dónde va el dinero de la venta del petróleo, cómo se va a vender, dónde se va a vender, es decir, nos permitiría incluso poner un poco de orden para adecuar esta coyuntura que tenemos en el presente y adecuarla a un marco legal que nosotros manejemos.

-Además de la figura de las empresas mixtas, dentro del contexto de sanciones, se impusieron los llamados contratos de participación productiva (CPP). ¿Un CPP ofrece la seguridad jurídica como para que una empresa como Conoco Phillips decida volver a Venezuela?

-El contrato en teoría sí porque es un convenio operativo, no se invierte, no se tiene una asociación y se obtienen las ganancias de acuerdo a una participación. Ahora, tal como está concebido en este momento, es un contrato que está basado en una ley de emergencia llamada Ley Antibloqueo, y no pienso que ofrezca la seguridad jurídica necesaria.

-Si se restablecen relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, ¿tiene sentido seguir utilizando la Ley Antibloqueo para el sector petrolero?

-Por supuesto que no. Entiendo incluso por declaraciones que ya ni siquiera se plantea flexibilizar sino eliminar sanciones paulatinamente. Eso no justificaría una Ley Antibloqueo, que está basada precisamente en las sanciones estadounidenses.

-¿Los CPP deberían o podrían incorporarse a la Ley de Hidrocarburos?

-Claro. Es que a mí me parece que en esencia un CPP es un contrato o convenio operativo con participación de las ganancias.

- ¿Un CPP es como un convenio operativo de la apertura petrolera?

-Es una mezcla entre lo que fueron los campos que se otorgaron en la tercera ronda de convenios operativos y las áreas que se ofrecieron de exploración a riesgo y ganancias compartidas. Son fórmulas contractuales, eso está escrito. No hay nada nuevo. Cada contrato se va mejorando de acuerdo a problemas que van surgiendo en esas relaciones jurídicas.

-Desde el momento que el gobierno de Joe Biden otorgó la Licencia General Nº 41 a Chevron en noviembre de 2022,  economistas y empresarios comenzaron a hablar del “Efecto Chevron”, que partía de las divisas que esa empresa le vendía a cinco instituciones financieras privadas y no al Banco Central de Venezuela. ¿Eso entraba dentro de lo legal o era una flexibilización que hubo dentro del esquema de sanciones?

-Era una flexibilización porque lo legal hubiese sido que Chevron le vendiera las divisas al Banco Central, al que corresponde las políticas monetaria y cambiaria. No sé qué van a hacer ahora con esos recursos y es causal de preocupación porque la incertidumbre que estamos viviendo en estos días es grande. Ojalá sea para beneficio del pueblo, que entiendo fue lo que dijeron y lo manejen lo más transparente posible, porque en el mundo petrolero tenemos una experiencia no muy buena como fue la administración de un fondo de petróleo por alimentos cuando la intervención en Irak. Esperemos que su implementación se haga en corto tiempo y que se pueda organizar de cierta manera para que la institucionalidad pueda tener injerencia en eso.

-Pareciera que en el corto plazo, lo que sí podría instrumentarse es la ampliación de la licencia a Chevron y regresar al esquema que tenía previo a mayo del año pasado, al igual que la agilización en la venta de petróleo a distintos traders y empresas refinadoras en los Estados Unidos.

- La última licencia de Chevron no la conocemos, y yo creo que han aprendido, porque tampoco conocemos la de Trafigura, ni la de Vitol, creo que de ahora en adelante no las vamos a conocer el contenido de las licencias y eso es preocupante, porque entonces no sabemos qué va a pasar o cómo se va a administrar el manejo del crudo, las ventas, ni mucho menos el destino de los recursos que se consigan con la venta de ese crudo.

-¿En los CPP Quién tiene el control operacional del proyecto en los CPP: PDVSA o la empresa contratada?

-En empresas mixtas, hay caso que el socio B opera bajo el modelo del CPP. Hay varios esquemas y cuando no se funciona muy bien, entonces se va trabajando sobre la marcha, pero lo que es la asociación en sí de participación accionaria, está como en pausa.

-Un aspecto que se cuestionó durante las expropiaciones de 2007, fue que los contratos de apertura petrolera imponían los arbitrajes internacionales en caso de controversia. ¿En el contexto actual habría que regresar a la figura del arbitraje?

-Tiene que hacerse. El arbitraje internacional es una justicia contratada, una justicia privada. No son tribunales de ninguna jurisdicción de ningún Estado, es decir, las dos partes se juntan y escogen un centro de arbitraje que va a dirimir una controversia y ese es un paso muy grande para dar seguridad.

-¿Qué aspecto es fundamental abordar en una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos?

-El fiscal y todo lo que tiene que ver con la regalía o lo que llaman en conjunto el government take, es decir, lo que de verdad se le paga al Estado. Hay demasiados impuestos que hacen muy pesada la carga tributaria. Si se quiere incentivar esas inversiones, hay que adaptarlos a lo que ofrecen los competidores porque al final se van a escoger sitios donde sea muchísimo más rentable su operación.

-¿Vecinos de Venezuela como Brasil y Guyana ofrecen una carga tributaria más baja?

-Sí. La de Venezuela es una de las más altas.

-¿Se tendría que reducir la tasa de regalía o imponer un esquema flexible?

-Nosotros hemos discutido en algunos grupos un esquema que es uno de los más modernos, donde hay una regalía variable, que se adapta al precio, que es en verdad una variable sobre la cual no hay control sino que se rige por el mercado. Hay grupos que lo están estudiando y sacando números, corriendo modelos. Es lo que está funcionando en los esquemas más modernos.