El gobierno argentino logró evitar una condena que a hubiera obligado a pagar 18.000 millones de dólares por la estatización ordenada por Cristina Fernández de Kirchner
El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Esteban Korody, considera que al Ministerio de Hidrocarburos tiene un desafío institucional a tener que adecuar las tasas o alícuotas de regalía, ISLR e impuesto integral a cada proyecto
El abogado Juan Carlos Andrades, consultor jurídico de la Cámara Petrolera de Venezuela, advierte que aún cuando una empresa tenga una autorización del Departamento del Tesoro persisten los problemas de sobrecumplimiento u overcompliance por parte de los bancos estadounidenses
Los representantes de la Cámara Petrolera de Venezuela y la AVPG resaltaron el acuerdo suscrito por la empresa transnacional con la compañía venezolana Vepica para el incremento de la producción de crudo y gas natural
La data de la balanza de pagos venezolana del Banco Central indica que 68% de los ingresos en divisas fueron aportados por las ventas externas de crudo y combustibles
El gobierno de Delcy Rodríguez intenta avanzar con el otorgamiento de contratos de servicios a particular para no abrir una discusión dentro del chavismo sobre la privatización de sector que están bajo reserva del Estado
El ex vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA , advierte que la reforma de la Ley de Hidrocarburos, recientemente aprobada, tiene tiene una debilidad: “es extremadamente discrecional para el Estado”
El acumulado por concepto de exportación en los meses de enero y febrero suma 1.647 millones de dólares, monto que no puede recibir la empresa estatal por las restricciones que mantiene el gobierno de los Estados Unidos
La presidenta encargada designó al ingeniero eléctrico Rolando Alcalá en reemplazo del mayor general Jorge Márquez y se anuncia como primera acción la reestructuración de Corpoelec, recuperación de equipos y la estabilización de la red de distribución
La nueva autorización del Departamento del Tesoro otorga el permiso para que la estatal venezolana firme sus contratos de ventas externas pero regidos por la legislación de los Estados Unidos o la normativa de cualquiera de sus 50 regiones