Viernes 28 de Julio de 2017

Industria química de Venezuela advierte que trabaja a 30% de su capacidad y Constituyente agravará recesión

La directiva de ASOQUIM señalan que los controles de precio y de cambio son la principal causa del problema económico que afronta Venezuela (Foto Asoquim)

Las empresas agrupadas en la Asociación de la Industria Química (Asoquim) de Venezuela, que a su vez están vinculadas con el sector petroquímico, emitieron un comunicado en el que se advierte que el proceso constituyente que promueve el presidente Nicolás Maduro generará mayor contracción en la economía, que se ha profundizado por el mantemiento de los controles de cambio y de precios.

 “Una nueva constitución derivada de una Asamblea Nacional Constituyente, podría generar mayor precariedad económica y social, en lugar de corregir los problemas económicos existentes”, indica el comunicado de Asoquim. “Para solucionar los problemas que afectan al sector, y en general a la economía, no se requiere la redacción de una nueva constitución que insista o que profundice el mismo modelo que ha originado esta situación”, acota.

ASOQUIM indica que en los últimos dos años en promedio, 80% de las empresas han manifestado caídas de producción sostenida. En la actualidad el sector trabaja en promedio a un 30% de su capacidad instalada.

“Los industriales químicos consideran que los problemas que limitan la producción de bienes y servicios, que generan desabastecimiento, inflación y desempleo, se derivan de un modelo económico basado en controles de cambio y de precios, y de condiciones de inseguridad jurídica que atentan contra la libre empresa”, advierte la asociación. “La industria química venezolana es esencial para todas las cadenas industriales porque produce insumos clave para impulsar el desarrollo nacional. El sector atiende importantes necesidades de otras cadenas industriales y del consumo diario de la población”, resaltan.

ASOQUIM exige al Gobierno el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 112 de la Constitución venezolana vigente, el cual establece que “el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria”.