Jueves 21 de Septiembre de 2017

Francisco Monaldi: “Lo que propone Escarrá es estatizar las empresas mixtas y las licencias de gas natural”

Monaldi: “Una propuesta como la planteada para la constituyente pondría una parálisis a los proyectos de gas que ha anunciado el Gobierno” (Foto IESA)

“La constituyente se convirtió en un riesgo para la inversión de privados en los sectores de petróleo y gas en Venezuela”, alerta el economista venezolano Francisco Monaldi, investigador y docente en la Universidad Rice en Houston, al igual que del Centro de Energía y Ambiente del IESA en Caracas, quien ha emprendido una cruzada para alertar los riesgos que afronta el sector de hidrocarburos en Venezuela y  la parálisis de inversión en esa actividad si la Asamblea Nacional Constituyente se concreta y aprueba modificaciones que eliminen o limiten aún más la presencia de privados en proyectos petroleros o de gas natural. La crítica apunta principalmente hacia el abogado Hermann Escarrá, quien propuso modificar el artículo 303 de la Constitución venezolana para impedir la presencia de privados. También objeta las propuestas hecha por los candidatos David Paravisini y Fernando Travieso.

“Las propuestas cierran o limitan toda posibilidad de participación privada cuando la realidad es que la inversión privada es la única que ha permitido que la producción petrolera de Venezuela no colapse aún más de lo que ya ha ocurrido”, dijo Monaldi en el programa radial de Petroguía que se transmite por la emisora digital de Fedecámaras.

No obstante, denuncia la contradicción en la que incurre el gobierno del presidente Nicolás Maduro que a través del Tribunal Supremo de Justicia aprueba creación y modificación accionaria de empresas mixtas con mayor presencia de privados o foráneos.

“Estamos por un lado frente a una retórica nefasta que genera incertidumbre, y por el otro lado, el gobierno anuncia ventas o mayor participación de privados en empresas mixtas. Por tanto, estamos frente al peor escenario para el país porque combina una gran incertidumbre jurídica con remate de activos de la Nación y ese es del caldo perfecto para que ocurran negocios turbios, se hagan ventas a precios subvaluados y eso revela el desespero de un gobierno que no sabe cómo conseguir más dinero”, dijo Monaldi.

 ¿La propuesta de reforma de esos artículos de la Constitución hecha por el abogado Hermann Escarrá frena la posibilidad de participación de privados en el sector de hidrocarburos en Venezuela?

-La forma como el doctor Escarrá propone modificar el artículo 303, que exceptúa a PDVSA de tener 100% de participación en filiales, asociaciones y otras empresas, elimina toda posibilidad de participación del sector privado en la industria petrolera y gasífera, lo cual implicaría la estatización de las empresas mixtas y las licencias de gas natural. Esa declaración es una señal tremendamente negativa que las empresas transnacionales han tomado muy en cuenta porque ven a una persona influyente del gobierno decir eso en eventos organizados por Petróleos de Venezuela, con la presencia en uno de ellos del presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino; y en otro del ministro de Petróleo, Nelson Martínez. Incluso, con el agravante que el ministro pareciera darle apoyo a esas palabras.

PDVSA emitió un comunicado que se ha interpretado como un desmentido a las palabras de Escarrá

-Este desmentido es relativamente tímido y debemos recordar que a la Asamblea Nacional Constituyente se le quieren dar facultades todopoderosas por encima de las que tenga el ministro o el presidente de PDVSA. Ya veremos qué pasará con la Asamblea Constituyente, pero por ahora se ha generado entre las empresas una incertidumbre tremenda y la constituyente se convirtió en un riesgo para la inversión de privados en los sectores de petróleo y gas en Venezuela. Hay que recordar que son los privados los que tienen a cargo la mitad de la producción petrolera del país y es la única que no ha caído porque la propia de PDVSA ha colapsado. Si no fuera por el sector privado la situación sería más grave.

El comunicado dice que se garantiza la seguridad jurídica en las empresas mixtas del sector petrolero

-Sí, pero también dice que esa seguridad jurídica es de acuerdo con las normas vigentes. PDVSA puede decir lo que quiera pero al final será la Asamblea Constituyente la que definirá el régimen de hidrocarburos y lo que vieron representantes de las transnacionales es como las declaraciones fueron hechas en las instalaciones de PDVSA por uno de los candidatos a la constituyente más influyentes y designado en esa posición por el presidente Nicolás Maduro. Además, otros dos candidatos del oficialismo, que tienen experticia y participan en las discusiones sobre el sector de hidrocarburos como David Paravisini y Fernando Travieso, han hecho planteamientos que generan incertidumbre jurídica; en particular la mención específica del proyecto Cardón IV del campo Perla en Paraguaná, que es el único proyecto de relevancia que se ha hecho durante los 18 años de las dos administraciones del chavismo, tanto la del presidente Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro. Encima, el Gobierno le debe una barbaridad de dinero a Repsol y ENI que son las dos empresas transnacionales que llevaron adelante ese proyecto. Hay que recordar que PDVSA por ley podía tener una participación hasta de 35% en Cardón IV pero no lo tuvo porque no pudo poner el capital que se requería. Entonces ahora le dicen a ENI y Repsol que pasará al modelo de esquema mixta con 60% para PDVSA.

¿Cuánto le debe PDVSA a ENI y Repsol por Cardón IV?

-Le debe mucho dinero porque el contrato establece que PDVSA le garantiza la compra de un volumen de gas que no ha podido pagar, a eso se agrega un bono que puede llegar a 2.000 millones de dólares con este proyecto y además no ha desarrollado la infraestructura que se requería para transportar ese gas. Esa es la razón por la que no se ha concretado la exportación hacia Colombia.

Los candidatos Paravisini y Travieso han dicho que el esquema para el gas natural debe ser similar al del petróleo con participación mayoritaria para PDVSA. ¿Eso implica que se acaban las licencias de gas con tota participación de privados?

-Según la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, que se aprobó en 1999 al inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez, PDVSA podía tener una participación hasta de 35% en esas licencias y no lo hizo porque no tenía el capital para esos proyectos. Ahora estos candidatos dicen que PDVSA tendrá control accionario, y estamos frente a una enorme contradicción porque por un lado, ellos generan una incertidumbre tremenda; y por el otro, que en este momento está ocurriendo que de las pocas inversiones que se están moviendo en Venezuela están vinculadas con el gas natural, no sólo con Cardón IV sino con los proyectos que hay para la exportación hacia Trinidad con las empresas extranjeras que operan tanto en ese país como en Venezuela. Sería gravísimo destruir esos desarrollos y ese potencial si se aprueba la propuesta de la Constituyente para el gas natural. Esos proyectos los tiene que hacer fundamentalmente el sector privado. Hay que agregar como una contradicción del Gobierno, frente a lo que han dicho los candidatos a la constituyente, la creación de una nueva empresa mixta Petrosur y el aumento de la participación de la empresa ONGC de India en el campo San Cristóbal hasta 49%, ambas aprobadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, estamos viendo señales totalmente contradictorias: por un lado se hacen propuesta de más participación estatal; y por el otro, se aprueban nuevas empresas mixtas de manera muy irregular.

¿Irregular porque los apueba el Tribunal Supremo de Justicia?

-Correcto. El TSJ en una sentencia aprueba la decisión del Ministerio de Petróleo y de PDVSA de crear esta nueva empresa mixta con una filial holandesa y una empresa española que no tienen una trayectoria o record en esa materia. Se trata de un proyecto gigantesco que originalmente se iba a hacer con China y como se echó para atrás, entonces ahora se lo ofrecen a esta gente con un supuesto bono de 400 millones de dólares, pero hay que ver como lo van a pagar. Realmente es una situación irregular que al mismo tiempo se convierte en una contradicción con respecto a lo que se plantea para la Asamblea Constituyente.

¿Quiere decir que esas propuestas frenarían por completo ese proyectos de inversión en gas natural que anunció el gobierno de Maduro?

 

-Completamente. El gas natural tiene que ser tratado de manera diferente al petróleo, tanto desde el punto de vista fiscal como regulatorio porque se trata de un negocio con menores márgenes de rentabilidad, es decir, hay una relación entre riesgo y margen menos atractiva que la del petróleo.

 

¿No se puede cobrar la misma regalía o carga tributaria que tiene el petróleo?

 

-Correcto. Ni tampoco se puede tener la misma participación del Estado. A eso hay que agregar que el único proyecto que se ejecutó durante estos casi 20 años fue el de Cardón IV y se hizo en tiempo razonable porque PDVSA no participó accionariamente, es decir, ENI y Repsol pusieron todo el dinero para realizar el proyecto, entonces lo que debemos es imaginarnos qué ocurrirá si vamos a un modelo en el que PDVSA tiene entre 50% o 60% de participación y control del proyecto. Lo que ha destruido el sector petrolero en los últimos años ha sido esa pretensión de que PDVSA tenga que meterse en absolutamente todo incluso las que respecta a procura y servicios. Una propuesta como la planteada para la constituyente pondría una parálisis a los proyectos de gas que ha anunciado el Gobierno, tanto el Rafael Urdaneta en el occidente del país como plataforma deltana y el Mariscal Sucre.

 

¿Sería inviable la producción con el acuerdo de integración de yacimientos que se hizo con el gobierno de Trinidad?

 

-Si es la de Escarrá obviamente; y si es la de Paravisini y Travieso dependerá de los detalles pero en ambos casos la ejecución de los desarrollos sería muy difícil.

 

¿Cuál es la tendencia mundial en los proyectos de petróleo y gas?

-El modelo de empresas mixtas existe en muchos países. No se llama así pero es un esquema de joint ventures. Ese es un esquema que puede funcionar bien en Venezuela, pero en la actualidad es un problema debido al actual nivel de precios del petróleo y a la crítica situación de caja que afronta PDVSA, que le imposibilita poner 50% o 60% del capital para las inversiones petroleras y eso explica el freno tremendo que se tiene para el desarrollo del sector. En otros países predomina el otorgamiento de licencias, de manera que el sector privado haga toda la operación y el Estado lo que hace es cobrar la regalía, impuesto sobre la renta o algún otro instrumento fiscal. También están los acuerdos de producción o de ganancias compartidas; por ejemplo, en la actualidad en México se están firmando ese tipo de acuerdos y con gran éxito muchas empresas se han incorporado. Al final, en Venezuela lo que se debe hacer es que cada tipo de proyectos, dependiendo si es en la Faja del Orinoco, crudos convencionales, campos maduros o gas, tenga un marco fiscal y regulatorio adecuado para que sea posible desarrollarlos en la mayoría de los casos con una posible participación del sector privado y dependiendo de los riesgos y de la rentabilidad  podrá ser mayor o menor.

 

¿PDVSA podría financiar esos proyectos sin privados?

-Para nada. De hecho no lo puede hacer ahora, menos con la reforma constitucional que se propone. PDVSA se encuentra en una encrucijada muy grande y tengo la sensación que eso lo entiende el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, como la gerencia de la empresa y por eso se lo transmiten al sector privado. Venezuela en los últimos años lo que ha hecho es decir que quiere atraer al sector privado. Las sentencias del TSJ indican que los pragmáticos en el gobierno entienden esa realidad perfectamente, pero al mismo tiempo pareciera que un peso fuerte de los ideológicos, hay la necesidad de movilizar al chavismo duro o hay personas que no entiende que PDVSA tiene un problema de flujo de caja gigantesco y que si hacen esa reforma se verá una caída brutal en la producción petrolera del país y podríamos llegar a 1 millón de barriles diarios.

 

¿Hace falta una reforma constitucional en el régimen de hidrocarburos para facilitar las inversiones?

-Dentro de la Constitución de 1999 y el marco institucional actual se pueden hacer muchas cosas. Personalmente soy enemigo de cambiar cosas que después vamos a generar una situación de péndulo entre un sector de la sociedad y otro por una discusión sobre la participación que debe tener el Estado. Si me preguntas cuál es la constitución ideal diría que propondría modificaciones que le otorguen más garantías al sector privado en su inversión y que se haga más solida la institucionalidad del sector petrolero en Venezuela.